Modern society and its technological role in the judicial system

What societal issues are raised with the pervasion of technology?

This inequality is also evident in the judicial system, as users that did not have reliable internet service in contrast with their partners who did suffered difficulties accessing court resources.

Societal issues aren’t limited to the inequalities faced. In this modern era, it is also easy for technology to play a role in sleuthing abilities. This has presented concerns over the increasing reliance on mobile phone searching, namely over the ethics of mobile phone surveillance.

These concerns revolve mainly around data and privacy.

The line between ethical and unethical blurs especially when dealing with law enforcement and judicial cases, since it is completely an evolving legal landscape. It can be difficult to name or disclose dependency on this technology officially in court records due to ancient court or judicial law not appropriately covering this dependency.

Modern technology was not envisioned during the development of current legal protections. Therefore, it is easy to raise questions regarding the legality of aerial or mobile surveillance.

For example, can air space be considered an entity for which a search warrant is necessary? Is it illegal to fly drones over a private facility if there have been suspicions of illegal activity?

It is extremely difficult to delineate the legality in these gray areas, particularly when considering its effects on both government and private entities.

However, one can only hope that paying greater attention to this can help pave the path of legality to avoid an abuse in power or privacy.

La tecnología está muy arraigada en la vida cotidiana y se desarrolla y moldea constantemente en la sociedad. Por eso es difícil estar al tanto de ciertas normas o de sus verdaderos efectos.

La adaptación siempre es necesaria, especialmente en esta era moderna. Sin embargo, hacerlo también puede presentar algunas implicaciones. Esta adaptación a la tecnología y a su papel en la sociedad moderna también se vio impulsada por la pandemia de COVID, ya que obligó a muchos servicios públicos a reconvertirse u ofrecer alternativas en línea.

Muchos hicieron lo que pudieron para adaptarse, pero este cambio no tenía precedentes. Muchos servicios públicos afrontaron este reto con los recursos y conocimientos de que disponían, y el sistema judicial no fue ajeno a este cambio.

A los tribunales judiciales no les quedó más remedio que adoptar la tecnología y depender cada vez más de ella, junto con el resto de los servicios públicos. En general, la tecnología promete accesibilidad y comodidad. Sin embargo, también pone de manifiesto las desigualdades presentes en la sociedad. Concretamente, éstas están relacionadas con los ingresos y la falta de acceso a dispositivos y conexiones seguras a Internet.

Esto plantea una cuestión para los miembros de la sociedad que sufren de forma desproporcionada la pobreza o la falta de acceso a la educación.

¿Qué problemas sociales plantea la omnipresencia de la tecnología?

Esta desigualdad también es evidente en el sistema judicial, ya que los usuarios que no disponían de un servicio de internet fiable, en contraste con sus compañeros que sí lo tenían, sufrían dificultades para acceder a los recursos judiciales.

Los problemas sociales no se limitan a las desigualdades. En esta era moderna, también es fácil que la tecnología desempeñe un papel en la capacidad de búsqueda. Esto ha suscitado preocupación por la creciente dependencia de la búsqueda por teléfono móvil, en concreto por la ética de la vigilancia por teléfono móvil.

Estas preocupaciones giran principalmente en torno a los datos y la privacidad.

La línea entre lo ético y lo no ético se difumina especialmente cuando se trata de casos judiciales y policiales, ya que se trata de un panorama legal en plena evolución. Puede ser difícil nombrar o revelar oficialmente la dependencia de esta tecnología en los expedientes judiciales debido a que las antiguas leyes judiciales no cubren adecuadamente esta dependencia.

La tecnología moderna no estaba prevista durante el desarrollo de las protecciones legales actuales. Por lo tanto, es fácil plantear cuestiones relativas a la legalidad de la vigilancia aérea o móvil.

Por ejemplo, ¿puede considerarse el espacio aéreo una entidad para la que es necesaria una orden de registro? ¿Es ilegal sobrevolar con drones una instalación privada si ha habido sospechas de actividad ilegal?

Resulta extremadamente difícil delimitar la legalidad en estas zonas grises, sobre todo si se tienen en cuenta sus efectos tanto en entidades gubernamentales como privadas.

Sin embargo, sólo cabe esperar que prestar más atención a esto pueda ayudar a allanar el camino de la legalidad para evitar un abuso de poder o de la privacidad.